“Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera Presidentes, usted sería Presidente, Andrés Manuel, porque en su gestión como jefe de gobierno destinó más de mil millones de pesos, y tengo aquí los documentos que acreditan, de la Cuenta Pública que entonces usted presentara para la Comunicación Social, y esto representa el doble de lo que el Estado de México destinó a Comunicación Social”
Enrique Peña Nieto
“Si fuese cierto lo que dice Enrique Peña Nieto bastaría nada más con aclarar que no es cierto lo que él plantea desde luego. Tengo un documento que voy a mostrar, dice: ‘Mil millones en el sexenio’. (…) Usted nada más le entregó a Televisa en el primer año 600 millones (…) Bueno aquí tengo los datos, se los voy a entregar. Exactamente 691 millones de pesos, 2005-2006, se los voy a entregar. ¿Quién es realmente Peña Nieto? Esto no se sabe, porque lo protegen mucho los medios de comunicación, las televisoras, en especial Televisa”.
Andrés Manuel López Obrador
Con estas expresiones en el debate de candidatos presidenciales del 6 de mayo quedó cruzado un señalamiento mutuo entre ambos candidatos, que sirvió de base para que en la semana se generara un tema: el gasto de los gobiernos para la promoción de los políticos. La periodista Carmen Aristegui y su equipo de producción alimentaron el tema.
Dime cuánto pagas; dime cómo lo sabes
El martes en su noticiero matutino en MVS Carmen Aristegui comentó que había solicitado a los equipos de campaña de los candidatos que citaron documentos en el debate que le remitieran copias. Pudo así leer que las cifras expresadas por López Obrador tenían fundamento en un trabajo periodístico que difundió Jenaro Villamil, sin que quedara claro el origen de los datos.
Por parte de Peña Nieto, la periodista recibió y leyó un documento que consignó que con base en las cuentas públicas del Gobierno del DF, cuando fue encabezado por López Obrador, se determinó que había destinado mil 209 millones de pesos a gastos de comunicación social. El PRI hizo un comparativo con los recursos destinados para el mismo rubro por los gobiernos estatal de Peña y federal de Felipe Calderón, ofreciendo una correlación: mientras en el estado de México se invirtieron siete pesos por habitante, el DF destinó 35 pesos, y la Federación 26 pesos por gobernado. El tricolor informó que las cifras que utilizó eran de la agencia de análisis Fundar.
El miércoles, antes de la mesa semanal de coordinadores de campaña presidencial del PRI/PVEM, el PAN y la coalición de partidos de izquierda, Aristegui entrevistó al director de Fundar, Miguel Pulido, quien explicó que la atribución del PRI hacia ellos era inexacta: pues la agencia no proveyó los datos del DF, y respecto de los mexiquenses y federales, el origen eran las cuentas públicas de sus gobiernos. Pero sembró la duda: los números que los gobiernos dedican a comunicación social en el país son un hoyo negro comparable con los homicidios que se cometen en cada entidad.
Posteriormente Aristegui recibió a Luis Videgaray (PRI) y Ricardo Monreal (PRD/PT/MC), además de Roberto Gil (PAN). El priista, financiero y economista experto explicó a detalle las cifras que fundaron la acusación de Peña Nieto en el debate, y explicó que los números del DF los obtuvieron ellos mismos, a partir del análisis de cuentas públicas en el periodo de López Obrador que, desde 2003 fue desagregado por dependencias del DF, complicando la recopilación.
Este jueves Aristegui recibió a López Obrador, quien confirmó que las cifras que achaca al gobierno mexiquense de Peña Nieto son los del trabajo periodístico de Jenaro Villamil, y respecto de los que él dispuso durante sus cinco años de jefe de Gobierno del DF señaló que de 2001 a 2005 aplicó 557 millones de pesos (148 millones en 2001, 141 millones en 2002, 73 millones en 2003, 92 millones en 2004 y 93 millones en 2005). Reiteró que Peña Nieto debió gasta mucho más que lo que reconoce en promoción de su imagen a menos, dijo, que las televisora, particularmente Televisa, no le cobre sus servicios y esté invirtiendo en convertirlo en presidente para luego cobrar regalías. Retó a Peña Nieto a demostrarle que gastó más de esa cantidad, y renunciaba a su candidatura.
Posteriormente, la periodista contó con Héctor Aguilar Camín, quien estuvo de acuerdo con Miguel Pulido, de Fundar, sobre lo confuso que son las cantidades de recursos que los gobiernos a los rubros de comunicación social y publicidad, aunque dejó a salvo que esos presupuestos son legales en la práctica política.
Un dilema para el periodismo
Pero Aguilar Camín estuvo con Aristegui también para otro fin: refutar el documento que el equipo de López Obrador hizo llegar al noticiero en el que se indica que se pagaron 10 millones de pesos para inclinar la información de tres ediciones del programa Zona Abierta, dirigido por el escritor en Televisa, en favor de Peña Nieto. Se dio entonces un intenso debate entre Aguilar Camín y Jenaro Villamil. El primero cuestionó la falta de fuentes de los números, además de negar que se recibiera dinero para inclinar la línea editorial del programa que dirigió. El segundo afirmó que la fuente era confidencial, porque era alguien que trabajaba en Televisa y arriesgaba su trabajo y hasta su seguridad personal, pero sí podría decir que el proyecto del que reveló costos estaba a cargo de Jessica de la Madrid, una de las mujeres de las que se ha difundido que fue amante de Peña Nieto durante su primer matrimonio.
Aguilar Camín cuestionó abiertamente a Villamil por seguir lo que parece una norma en el periodismo de investigación mexicano, que oculta sus fuentes, cuando esa acción debe ser sólo una excepción cuando el periodista ya lleva muchos años de trayectoria incuestionable en la veracidad de sus fuentes, lo que no era el caso de Villamil. Éste dijo que su trabajo se publicó en Proceso, que tenía mucho mayor prestigio que el de Aguilar Camín, “trabajador de Televisa”. El diálogo se convirtió en secuencia de descalificaciones mutuas.
Tres situaciones para análisis
Todo este caso tiene por lo menos tres ángulos para el análisis. El primero es sobre la falta de transparencia que los gobiernos en México tienen sobre las partidas que se destinan a medios, comunicación social y publicidad, lo que además se complica porque se mezcla la necesidad de información gubernamental con la promoción de imagen de los funcionarios. Según Fundar, 33% de los gobiernos en el país no divulgan estos gastos, 50% lo hace de manera incompleta y el resto a menudo tiene incoherencias entre los presupuestos que ejerce, las cuentas públicas y las respuestas a solicitudes por transparencia.
El segundo ángulo es un reto ético para los periodistas mexicanos, que a menudo recurren a otorgar confidencialidad a sus fuentes, ante temas que requieren certeza de la veracidad del origen de los datos, lo que se presta, en no pocas ocasiones, a la difamación y el escarnio de personajes e instituciones públicas. En este aspecto, el reclamo de Aguilar Camín a Villamil parece justificado: el periodista no puede, por ética profesional, recurrir tan fácilmente al ocultamiento de fuentes.
El tercer ángulo es de relevancia política. ¿Pueden los grandes medios de comunicación construir figuras políticas para asegura su triunfo en elecciones, para beneficio económico o político? Mientras no haya transparencia en los recursos que los servidores públicos destinan a medios, es muy difícil responder a esta pregunta. Lo que no es difícil es ensombrecer prestigios.
OMCIM: Los medios y las elecciones 2012 México 