Llega iniciativa para regular publicidad gubernamental (El Economista)

Por Jorge Monroy, publicado en El Economista

El PAN en el Senado presentó su iniciativa para regular la contratación de la publicidad de los gobiernos federales, estatales y municipales en los medios de comunicación.

A la espera de que el presidente electo, Enrique Peña Nieto, presente su propia iniciativa a través de los legisladores del PRI, la bancada del PAN en el Senado a través del senador Javier Corral presentó su proyecto donde considera que “la asignación de publicidad oficial en los diferentes medios de comunicación debe responder a criterios claros y transparentes”.

La iniciativa panista, también firmada por los senadores Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo Appel, considera: “Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer los gastos efectuados en comunicación gubernamental que se financian con fondos públicos” y, por lo tanto, “la ley debe establecer mecanismos que promuevan la transparencia en el otorgamiento de estos fondos y garanticen el fácil acceso a esta información del público en general”.

Prohíbe el uso de la comunicación gubernamental para “presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas informativas”.

También quedarían expresamente prohibidos los “subsidios encubiertos que beneficien, directa o indirectamente a los medios de comunicación” y las “donaciones o cualquier contratación a título gratuito que realicen los sujetos obligados a los medios de comunicación”.

Especifica: “Ninguna persona física o moral o autoridad, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar comunicación gubernamental en medios dirigida a promocionar las instituciones, las políticas públicas o a las autoridades de la República”, con lo que evitarían la promoción de personas o instituciones vía terceras personas.

Propone que sea la Auditoría Superior de la Federación que fiscalice a los tres poderes de la Unión, a los órganos autónomos, entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales.

Establece que ningún criterio de compra de publicidad puede estar ligado a la opinión o línea editorial de los medios de comunicación.

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