Debaten sobre impacto de las redes sociales en las campañas y contratos del GDF a operadores de AMLO

Observatorio de medios OMCIM vinculado a la Ibero

Reporte OMCIM martes 28 de agosto de 2012

  • El Tribunal Electoral rechaza extender la fecha para calificar la elección presidencial
  • Debate por publicación de supuestos contratos irregulares del GDF a operadores de AMLO
  • #YoSoy132 realizará un “contra-informe” en el exterior de San Lázaro

En vísperas de la calificación de la elección presidencial, en las redes sociales y en los medios tradicionales se registra una intensa actividad. Sobresale la controversia tras la publicación en El Universal de supuestos contratos irregulares del Gobierno del DF a las asociaciones civiles que impulsan la campaña permanente de Andrés Manuel López Obrador.

Usuarios a favor y en contra del AMLO polemizan en relación a los convenios por 110 millones de pesos, particularmente los vinculados con su operador financiero, Octavio Romero Oropeza. Destaca la empresa SAD Desarrollo y Transparencia, que tiene como socio a Héctor Muñoz Ibarra, presidente de Austeridad Republicana, que desde 2007 ha obtenido los contratos más altos.

Sobre el tema, Romero Oropeza evadió ofrecer una explicación, mientras que el  PRI solicitó públicamente que la PGR y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores investiguen el caso.

En ese contexto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la solicitud del Movimiento Progresista, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que extienda el plazo legal para la calificación de la elección presidencial más allá del 6 de septiembre, según Notimex.

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF ordenó al IFE reponer el proceso que declara infundado sancionar a Ricardo Monreal Ávila, coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador, por declaraciones donde acusa a Luis Videgaray de contratar 42 asesores extranjeros para una supuesta campaña en contra el tabasqueño. El priista se quejó de difamación.

Por su parte, la asamblea metropolitana del movimiento #YoSoy132 aprobó por mayoría de votos realizar su contra-informe al gobierno de Felipe Calderón el próximo 1 de septiembre en las afueras del Palacio Legislativo de San Lázaro y, posteriormente, en la Plaza de la Constitución, de acuerdo con Milenio.

En el documento de 20 cuartillas que leerán, los jóvenes darán cuenta de que en algunos casos el Estado ha sido fallido, en otros ha ignorado a sus ciudadanos y en unos más ha sido cómplice.

Polémica por el impacto de las redes sociales

La Jornada publica testimonios de quienes manejaron las campañas de los candidatos presidenciales en las redes sociales, quienes resaltan los principales pros y contra durante el proceso.

Así, Alejandra Lagunes, coordinadora de la estrategia digital de Enrique Peña Nieto, considera que el movimiento YoSoy 132 no es fuerte en redes sociales y se desvirtuó mucho, pero es partidaria de atender sus demandas apostando por establecer un gobierno digital transparente y abierto a la participación ciudadana.

Peña Nieto aventajó porque dio importancia a la campaña online, dijo.

En relación a AMLO, la página web amlo.si logró mucho con muy poco, porque le faltó apoyo de algunas áreas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, asegura Óscar Mondragón, creador de esta plataforma digital.

Señala en especial al cineasta Luis Mandoki, quien se negó a difundir en televisión videos exitosos del sitio y mencionar su dirección en los spots de medios electrónicos.

Entre tanto, la campaña digital de Vázquez Mota se frenó ante la falta de recursos, según sus operadores.

Las campañas en Internet y redes sociales fueron otro frente donde se reprodujo la falta de equidad en el gasto. Enrique Peña Nieto derrochó recursos en Youtube, Google o mensajería telefónica, mientras la candidata panista realizó un gasto modesto, asegura Agustín Torres, ex coordinador de la estrategia digital de Josefina Vázquez Mota.

El Universal exhibe contratos del GDF a operadores de AMLO

Según El Universal, el Gobierno del Distrito Federal “otorgó contratos por más de 100 millones de pesos a empresas vinculadas con Andrés Manuel López Obrador y a su operador financiero Octavio Romero Oropeza. Desde 2007, cercanos al político tabasqueño constituyeron una red de empresas con la cual obtienen contratos del gobierno capitalino, delegaciones y partidos de izquierda”.

La empresa SAD Desarrollo y Transparencia tiene como socio fundador a Héctor Muñoz Ibarra, presidente de Austeridad Republicana, organización vinculada con López Obrador. La firma ha recibido contratos con los montos más altos.

En la empresa también figura Javier López Núñez, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales del GDF, también en el gobierno de López Obrador.

AFK y AAR son las otras dos empresas que también han obtenido contratos del GDF.

De acuerdo con contratos y actas en poder de El Universal, estas firmas habrían simulado licitaciones por invitación en las que SAD ha resultado la ganadora.

AFK Comunicación Creativa fue creada por Maricela García, contadora de la organización Honestidad Valiente, y AAR Consultores de Negocios por Eréndira Álvarez del Castillo Gallardo, Óscar Daniel Ramos Flores y Gustavo Álvarez; estos últimos también aparecen en las listas de donatarios del PRD.

En cuatro años las tres compañías recibieron contratos que ascendieron a más de 110 millones de pesos.

Las tres empresas se ubican cerca de la que fue casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Aunque SAD es de reciente creación, de 2008 a 2011 obtuvo contratos por 93 millones 252 mil pesos de diversas instituciones capitalinas”, según la nota.

Justo un año después de la constitución de SAD surge AFK Comunicación Creativa, cuya responsable y dueña es contadora de la asociación Honestidad Valiente, de Andrés Manuel López Obrador. En menos de cuatro años ha obtenido contratos por 18 millones 182 mil pesos en el DF.

Entre tanto, Romero Oropeza evadió el tema, según el rotativo,  mientras que el vocero del PRI, Eduardo Sánchez Andrade, solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que investiguen la relación entre las empresas beneficiadas por el GDF y AMLO.

“Se debe llamar a cuentas” a López Obrador, dijo.

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