Los medios en el conflicto postelectoral (Etcétera)

Etcétera, Gabriela Vargas

La discusión del papel de los medios de comunicación en nuestro país no es nueva y está muy lejos de agotarse, a mi parecer incluso, que formará parte de los debates políticos no solo del sexenio que concluye, sino del que iniciará en unos meses.

 

Es de todos conocido que actualmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra revisando el juicio de impugnación promovido por la Coalición Movimiento Progresista encabezada por Andrés Manuel López Obrador, juicio que a decir de los integrantes de dicho movimiento, demanda entre otras situaciones, lo que consideran fue una evidente injerencia de Televisa y otros medios de comunicación durante el proceso electoral, con el objetivo de favorecer al candidato del PRI y Partido Verde, Enrique Peña Nieto, durante su periodo de campaña.

 

En contraparte, y en un acto inédito, Televisa y algunos otros medios, han presentado recursos como terceros interesados ante ese órgano judicial, por lo que ellos consideran inconsistencias y falsas acusaciones del Movimiento Progresista.

 

Este hecho era predecible, a pesar del cambio al modelo de comunicación política que se impulsó con la reforma 2007-2008. Recordemos que en virtud de las experiencias registradas en las elecciones de 2000 y 2006 –en las que el sesgo mediático hacia partidos y candidatos introdujo un elemento de inequidad en la contienda–, el legislador decidió en 2007 prohibir la compra de espacios en radio y televisión para hacer propaganda, otorgar al Instituto Federal Electoral (IFE) el control de los tiempos de los partidos en los medios electrónicos, impedir los mensajes denigrantes en las campañas políticas y crear un mecanismo para que el Instituto atendiera con mayor rapidez y efectividad las quejas por presuntas violaciones a la ley en la materia, conocido como Procedimiento Especial Sancionador.

 

El objetivo de este nuevo impulso reformista era fortalecer la equidad en la contienda, y evitar que particulares hicieran proselitismo. Así, y merced a esta reforma, una de las obligaciones que adquirió el IFE fue la de indicar a los concesionarios de la radio y la televisión los mensajes o spots de los partidos políticos que deben transmitir de forma gratuita, así como de supervisar a partir de un monitoreo que éstos se emitan conforme a la legislación.

 

Cabe señalar que como resultado de esta reforma, se dispuso de una infraestructura sin precedentes en su tipo denominada Sistema Tecnológico para la Administración de Tiempos de Estado en Radio y Televisión (SIATE), misma que se encarga del pautado, revisión técnica y monitoreo de los promocionales de los partidos políticos en radio y televisión desde 2009.

 

Asimismo, el IFE estableció un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México para que realizara un monitoreo de los tiempos que los noticieros de radio y televisión asignan a cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República. Así, del 18 de diciembre de 2011 al 15 de febrero de 2012 se realizó el monitoreo de las precampañas, mientras que del 31 de marzo y hasta el 30 de junio se efectuó el de campañas, cuyos resultados pueden consultarse en monitoreoifeunam.mx.

 

Es muy importante señalar, sin embargo, que el monitoreo es indicativo sobre la actuación de los medios para garantizar equidad en la contienda. Su objetivo es cuantitativo, pero de ninguna manera implica un estudio de contenido que pudiera arrojar datos científicos que evidencien un tratamiento inequitativo hacia alguna fuerza política, y mucho menos una interpretación del tratamiento informativo de las diversas mesas de análisis que se dieron durante ese periodo.

 

Personalmente me parece que haberlo hecho hubiese sido excesivo, no para los medios que transmiten, sino para todos aquellos periodistas y analistas que, en el pleno goce de su libertad de expresión, hubiesen manifestado diversas opiniones en apego a sus propias convicciones.

 

En este sentido, se ha pretendido centrar la discusión de la cobertura equitativa desde la visión de las contiendas electorales, y no desde el marco regulador de los medios de comunicación en nuestro país. Garantizar una cobertura electoral plural, implica la preexistencia de una infraestructura de comunicación qu  lo sea, incluyendo evidentemente, el fortalecimiento de medios de comunicación públicos comprometidos con la promoción de una cultura cívica e información objetiva que promueva un voto razonado.

 

Seguir exigiendo cobertura mediática equilibrada ante un escenario donde lo único evidente es el monopolio de los medios, me parece una discusión inútil que debiera reconducirse al problema central: la democratización de los medios masivos de comunicación en nuestro país.

 

Esta discusión no le concierne solo a los partidos políticos, tampoco es resultado de la coyuntura electoral. El acceso o no a espacios de difusión masiva no debiera estar sujeto a la buena voluntad de los concesionarios, sino al interés público. Es hora de impulsar nuevamente el debate, pero en aras de evitar un sesgo y garantizar seguimiento en su análisis, divorciémoslo de la contienda electoral.

Ver nota original

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s